La Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela hasta diciembre de 1999, precisaba ninguna clase de norma en la que se refiriera a la violencia contra la mujer o al interior de la familia. El estamento encargado del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente de los tratados y las Convenciones en los que se contemplaban estos temas era la legislación interna de la República de Venezuela.

A partir de La Constitución Nacional, que se aprobó en 1999, donde se empleo un lenguaje no-sexista, desde el Preámbulo en el que se garantiza entre otros aspectos la justicia social y la igualdad, sin discriminación ni subordinación alguna, hasta las disposiciones finales.

Fue tal el cambio en la carta magna de los venezolanos que en el Artículo 21, se consagró la garantía de protección de las mujeres y la familia contra la violencia y toda forma de discriminación. Del mismo modo se consagra en el mismo Artículo que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la equidad ante la ley sea real y efectiva.

Adicionalmente, en vista de que el tema de la violencia al interior de las familias en Venezuela preocupa y afecta no solo al estado, sino a la sociedad e intrínsecamente a las familias, esto se considera un problema de salud publica. Por tanto, esta Constitución de 1999 también aprobó la formulación de la Ley Orgánica de Salud, con la que se busca que todos los venezolanos accedan al servicio de salud, participando activamente de los programas de prevención de la violencia domestica y tomando un registro de aquellas personas que están en una situación de mas fragilidad ante estos actos que van contra su integridad física y moral.

La violencia doméstica presenta un panorama mundial de tal magnitud que ha llevado a una mayor conciencia de la gravedad del problema, liderado por los esfuerzos de organizaciones internacionales y nacionales para producir iniciativas que coadyuven a solventar la problemática existente en casi todos los niveles de la sociedad.

Es bien sabido que no solo Venezuela sino muchos países suramericanos sufren el enorme flagelo de la violencia, pero quienes se ven especialmente sometidos a ello son los niños y las mujeres, quienes por cierto temen denunciar ante las autoridades tales atropellos.

La Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, vigente desde el l ° de enero de 1999 en la República Bolivariana de Venezuela pretende que tanto mujeres como niños dejen de ser victimas de la violencia intra familiar y que no padezcan las graves consecuencias inmediatas y futuras que tiene para su salud mental y física estos actos, que por cierto han llevado a muchas personas a quedar con problemas de salud muy difíciles e incluso algunos han muerto.

A través de este sistema normativo se presta protección y asistencia a las victimas, se controla, se sanciona y penaliza a quienes cometen los actos de violencia contra los integrantes de su propio grupo familiar, aunque el principal fin es prevenir que esto suceda.