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El impuesto de guerra



Por Equipo uniderecho.com

Publicado en septiembre 20, 2009

El impuesto de guerra

A finales de 2006 se creó un nuevo impuesto propuesto por el Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez con el objetivo de financiar la guerra contra el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares, con inversiones en armamento y aumentos al ejército, que para ese entonces ascendían a unos 3.600 millones de dólares. Con el nombre de impuesto de guerra o impuesto al patrimonio, se dio paso a esta nueva reforma tributaria aprobada el 12 de diciembre de 2006 por las plenarias de la Cámara y el Senado.

El impuesto de guerra, para cuando fue aprobado solo sería cobrado a personas y empresas con patrimonio superior a los 3.000 millones de pesos, a partir de enero de 2007. Lo cual traería como resultado poder renovar el equipo militar que ya estaba obsoleto, comprar tanques, fragatas y aviones de combate modernos, financiar la incorporación de miles de hombres a la policía nacional y otros al ejército.

En su momento, los encargados de explicar la importancia de este impuesto y sus alcances en materia de seguridad nacional fueron el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

El antecedente del impuesto de guerra fue el creado durante el gobierno del Presidente Ernesto Samper en 1996, con el nombre de “bonos de paz” y catalogados por la crítica como “bonos de guerra”, que abarcaban a 350 mil contribuyentes.

El impuesto de guerra se ha mantenido desde su creación hasta la fecha, no obstante, quienes están obligados a pagarlo se han manifestado en distintas ocasiones, indicando públicamente que no consideran justo que unos cuantos financien una guerra que afecta a todos.

Por tal motivo, para 2009 tanto el presidente de la república como el actual ministro de hacienda, Óscar Iván Zuluaga, han expresado la posibilidad de que los que han financiado a las fuerzas militares con el impuesto de guerra durante los últimos dos años sean exentos de él y sean otros los que lo continúen pagando.

Las propuestas iníciales para el 2009 indicaban que a partir del 2011 y por los próximos cuatro años, el impuesto de guerra sería cobrado a personas y empresas con patrimonios superiores a los 2.000 millones de pesos, con una tarifa gradual. Implicaría que, al disminuir el monto de patrimonio de los contribuyentes, muchos más colombianos se sumarian al pago del impuesto, permitiendo con esto que haya un mayor ingresos para que las fuerzas militares puedan seguir combatiendo a los grupos terroristas.

No obstante, defensores de la clase media se levantaron rechazando esta medida, y proponiendo que el impuesto de guerra siguiera siendo cobrado a la clase alta o a personas y empresas con patrimonios superiores a los 3.000 millones de pesos.

El día 20 de julio en el marco de la celebración del día de la independencia colombiana, el gobierno radicó la propuesta de extender durante cuatro años más el impuesto al patrimonio, financiándolo de la misma manera que se había venido haciendo los últimos dos años, a patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos pero con una tarifa del 0,6 por ciento.