El estado y la legalización de la explotación y censura como ley. Digerir el pasado de viejos rencores es asimilar el progreso de nuevos valores
Por Equipo uniderecho.com
Publicado en mayo 09, 2013
Se ha reprochado al partido socialista de querer revivir viejos rencores de las páginas más negras de nuestra Historia: la guerra civil de la España del "36", dividida y enfrentada por sus ideas. Un Estado de Derecho, apoyado en un sistema democrático, no puede ni debe dar la espalda a un pasado histórico por muy turbio y doloroso que éste sea. La Historia no la escriben verdaderamente los vencedores, sino un inspirado sentido de la percepción de la justicia impulsado por el dolor humano más arraigad0. No se puede revivir cuarenta años de Historia para tener que perder otros cuarenta, pero tampoco se puede olvidar. Ya que si se olvida, no se digiere; y si no se digiere, no se puede asimilar el progreso en pos a los nuevos tiempos. Si bien un librepensador es quien realmente escribe la Historia inspirado en un profundo sentido de la percepción de la justicia impulsado por un dolor humano incontenible, el Estado es siempre quien juzga y determina lo que se debe saber y escribir sobre esa Historia. Y más cuando no sólo se trata de Historia, sino de política. Por eso siempre se ha dicho equivocadamente que la Historia la escriben los vencedores, no los vencidos. Pero no es que la escriban los vencidos ni los vencedores, sino el Estado; que es ese poder político social económico institucionalizado que como sistema se antepone al público, legalizando la explotación y censura como Ley. El Estado no sólo es el partido electo que está en el Gobierno, sino también los diferentes partidos políticos de la oposición que en representación del poder público gobiernan cada una de las autonomías sometidos al poder Legislativo y Constitucional aprobado en las Cortes y ratificado por el pueblo en referéndum. Luego todos somos el Estado, pero el Estado es preponderante a todos. De ahí que al margen del pueblo sólo puedan juzgar y determinar quienes tengan competencias institucionales para poder hacerlo: o sea, unos pocos en representación desproporcionada de unos muchos. El pueblo sólo tiene voz y voto en referéndum, fuera de él ni se le escucha.