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Recurso de apelación por sanción de destitución



Por Equipo uniderecho.com

Publicado en enero 26, 2007

Recurso de apelación por sanción de destitución

Señor doctor
..........................
PROCURADOR ......... DE............
E. S. D.

Ref.: expediente No.......... , Interposición y sustentación recurso de apelación contra fallo de primera instancia.

................ , mayor de edad y vecino de......... , identificado con la cédula de ciudadanía No........ de ......... , abogado portador de la Tarjeta Profesional No........... , del Consejo Superior de la Judicatura, obrando de acuerdo con el poder adjunto conferido por el señor.......... , dentro del término legal, comedidamente acudo ante su despacho, con el fin de manifestarle que mediante este escrito interpongo recurso de apelación contra la resolución No......... , fechada......... , proferida por la Personería ........, y notificada el día........ , del mes y ano en curso, mediante la cual se le impuso a mi poderdante como sanción disciplinaría la destitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas, para que sea resuelto por quien le competa en segunda instancia.

Sustento el recurso interpuesto, mediante los siguientes:

Fundamentos de Hecho y de Derecho

1. Sobre los supuestos del fallo recurrido. Dentro de los lineamientos de la justicia distributiva, considero que el fallo apelado adolece de inusitada drasticidad, razón por la cual lo recurro, procurando que mis razonamientos permitan el imperio de la justicia disciplinaria en segunda instancia.

Como tuvo oportunidad de sostenerlo en sus descargos mi representado, si bien es cierto que, con fundamento en la interpretación de la ley 60 de 1993, se hicieron las destinaciones conforme aparece en el programa de inversión municipal para la vigencia fiscal del año...... , también lo es que la inversión forzosa, de acuerdo con el tenor del artículo 22 de la ley en cita, correspondía para ese mismo año al...... por ciento (...%) del valor girado; esto es, como fue girada la suma de $........ pesos la forzosa inversión cubría el monto de $...........

Aceptando en gracia de discusión los porcentajes que se tenían que invertir obligatoriamente por la Alcaldía de........ , señalados en el proveído recurrido, es de insistir en que la decisión sancionatoria también se torna injusta, por las siguientes explicaciones:

a) En cuanto al sector de educación, se invirtieron $............ , pesos es decir, se superó el porcentaje de........ que correspondía a $...........

b) Respecto al sector salud, en términos de ejecución se invirtieron $............ , pesos lo cual contabiliza, según el porcentaje de....... , una diferencia negativa de $........ , pero debe tenerse en cuenta que la inversión superó el monto, puesto que para ese periodo se construyó....... tendiente a solucionar en salubridad pública la emergencia sanitaria que se había presentado. Esta afirmación está debidamente demostrada en el expediente con el documentos –ejecución presupuestal del año de......-, donde aparece registrado el rubro........ con una adición presupuestal de $........ (y ejecutados $.........).

c) En el sector agua potable se debía invertir el..... por ciento (...%), equivalente a $...... y se ejecutaron $......., pero no se tuvo en cuenta que, adicionalmente, fueron invertidos $...... , como puede confirmarse en el rubro....... de la ejecución presupuestal de...... , con lo cual se solucionó el servicio de agua potable.

d) En el sector recreación y deportes, como se puede verificar en el rubro.......... , la inversión forzosa equivalente a $............ , la cual fue superada con la reconstrucción del parque recreacional “.........”, así: ejecutados $.......... , para un total de $..........

En consecuencia, el monto de la inversión obligatoria respecto de los sectores educación, salud, agua potable, recreación y deportes, fue cumplida a cabalidad, en el sentido de que fue excedida, perdiendo objetividad y razonabilidad el fallo impugnado, pues el sustento de la resolución está contrariado el principio de la justicia distributiva, porque se tomó la determinación con “apoyo” en generalidades, sin tener en cuenta el caso específico de las inversiones ejecutadas.

2. Sobre la calificación de la conducta. Suministrados los anteriores razonamientos y de acuerdo con el acervo probatorio obrante en autos, la conducta administrativa del señor.......... , en su calidad de alcalde municipal de.......... , no puede ser endilgada a comportamiento doloso; es que ni siquiera a título de culpa puede consolidarse una inculpación justa contra mi poderdante, porque lo que realmente está demostrado es que la gestión pública del burgomaestre inculpado, en los aspectos reseñados, superó los topes señalados y aplicó los recursos necesarios para cada sector; proceder que, en aras de la justicia, no puede considerarse irregular e impropio. En el fallo de primera instancia se quiso hacer más gravosa la situación disciplinaria de mi mandante mediante construcciones artificiosas sin sustento probatorio, que riñen contra la realidad de lo acontecido, pero que desde el punto de vista del cumplimiento de sus obligaciones y el acervo probatorio existente en el expediente no resisten el calificativo de grave, mucho menos de gravísima.

Dentro de esos lineamientos es como sostenemos, definitivamente, que por parte de mi defendido no existió comportamiento doloso, o que la conducta endilgada, en su gravedad, amerite el máximo correctivo de destitución. Por ello, en el fallo impugnado no se materializa ni exterioriza aplicación de justicia distributiva. Se profirió un fallo de primer grado que, por lo injusto, puede lesionar los pillares y principios de la administración de justicia disciplinaria. Por ello reitero, con todo respeto, que deben analizarse y evaluarse a la luz de la sana crítica las piezas disciplinarias, para que pueda desprenderse la verdadera y real incidencia de la conducta cuestionada en los hechos que fueron materia de investigación y, hoy, supuestos fácticos en que se basa la decisión recurrida.

3. Sobre la dosificación de la sanción. Se evidencia que la imposición de sanción destitutoria no está acorde con los límites que señala el artículo 44 de la ley 734 de 2002, pues al ser calificada como “grave”, su dosificación no puede generar la “destitución”, que está cualificada para las faltas gravísimas. Desde este marco legal y de referencia, fluye una premisa improrrogable según la cual, cuando se trata de calificar los hechos y tipificar las faltas para dictar los veredictos disciplinarios, debe procederse de conformidad con la verdad de autos, para evitar que una equivocada calificación o el yerro en cuanto a los criterios de evaluación, y a los hechos mismos, sea contraria a los inmaculados derechos en que el sujeto pasivo de la acción disciplinaria fundamenta su defensa. La sanción disciplinaria, en este específico caso, en mérito de su pertinencia, debe ser gradual. Por ello, reclamo para mi asistido la aplicación del precepto de que toda sanción mal impuesta debe ser modificada o revocada por el superior. Es oportuno recordar el principio de proporcionalidad, en virtud del cual, las autoridades administrativas, investidas de facultad para la dosimetría sancionatoria, deben ejercerla razonadamente, ajustándose a los antecedentes y atenuantes de la conducta asumida por el funcionario público inculpado. De lo contrario, la sanción devendría injusta, porque no guarda gradualidad.

En el proceso en el cual se ha sancionado disciplinariamente en primera instancia a mi representado, existe un predominio de los motivos negativos sobre los afirmativos arriba señalados. De ahí, que por el hecho de haber sido vinculados a una investigación disciplinaria no es que deba necesaria e indefectiblemente recibir la “destitución” como castigo, como se propone en el fallo apelado.

Fundado en todas y cada una de las consideraciones anteriores, comedidamente me permito formular las siguientes

Peticiones

1) Que de conformidad con el artículo 75 de la ley 734 de 2002, se digne revocar o modificar el fallo de primera instancia de fecha........... , proferido por el señor Personero ........... de........... , mediante el cual se decretó la destitución de mi defendido, señor....... , como alcalde municipal de..............
2) Que del fallo de segunda instancia que se profiera se me expida copia o fotocopia auténtica al momento de la notificación personal (arts. 44, inciso 5º, y 61 del C.C.A.)

Anexo

Me permito allegar poder legalmente conferido por el señor............. , y con el cual se acredita la personería del suscrito.

Notificaciones

Recibiré notificaciones personales en la Procuraduría Departamental de.......... , y para cuyo efecto se me puede citar a la.......... (dirección), de la ciudad de............

Mi poderdante, en:.............. (dirección y ciudad).

Señor Procurador, atentamente,



..............................
T.P. No.................. del C. S. J.